Movimiento Naranja se convierte en movimiento de extorsión en Pesquería NL
Redacción
Pesquería, Nuevo León. Empresarios del municipio denuncian un clima de presión institucional que, según múltiples testimonios, ha transformado al gobierno local en un aparato de extorsión operado por el presidente municipal, su hijo y el asesor Juan Carlos Figueroa. Fuentes consultadas aseguran que el propio alcalde ha dicho en privado que Figueroa es "una persona muy allegada al gobernador", frase que, de acuerdo con los afectados, se usa como respaldo para justificar decisiones discrecionales y un trato desigual hacia quienes intentan trabajar en la zona industrial.
La inquietud escaló cuando el Ayuntamiento clausuró una empresa que suministra materiales para la construcción del Metro, proyecto emblemático del Gobierno del Estado. Aunque la compañía contaba con permisos en regla, inspectores municipales ordenaron su cierre y pusieron en riesgo el avance de la obra. El caso fue tan delicado que tuvo que intervenir el Secretario General de Gobierno para permitir la reapertura. Empresarios consideran que este episodio demuestra que las acciones del municipio no solo afectan a negocios locales, sino que ya amenazan infraestructura estratégica para Nuevo León.
Diversas compañías sostienen que los permisos se retrasan, condicionan o frenan cuando no acceden a trabajar con el sindicato vinculado al hijo del alcalde o con proveedores señalados desde la misma administración. Reportan inspecciones repetidas, clausuras inesperadas y revisiones que se multiplican inmediatamente después de negarse a esas condiciones. A esto se suma la figura de Juan Carlos Figueroa, quien, según documentos y testimonios internos, posee un poder legal del Cabildo que le permite intervenir en trámites y decisiones sensibles sin ocupar un cargo público formal. Su presencia, describen, es decisiva en el avance o la detención de cualquier proyecto.
La realidad que describen los empresarios contrasta con el discurso estatal de transparencia y combate a la corrupción que promueve Movimiento Ciudadano. Señalan que en Pesquería impera el miedo a represalias administrativas y un uso político del aparato regulatorio, que inhibe la inversión y afecta directamente a quienes generan empleo. Por ello, solicitan al gobernador Samuel García revisar de manera inmediata lo que ocurre dentro del municipio y garantizar condiciones de libertad económica.
Durante esta investigación, una frase repetida por los denunciantes resume el ambiente actual: cuando el presidente municipal asegura que su operador es cercano al gobernador, entonces quién protege a los ciudadanos de sus decisiones. Según los afectados, la única respuesta posible debe venir del mismo Gobierno del Estado.
Redacción
Pesquería, Nuevo León. Empresarios del municipio denuncian un clima de presión institucional que, según múltiples testimonios, ha transformado al gobierno local en un aparato de extorsión operado por el presidente municipal, su hijo y el asesor Juan Carlos Figueroa. Fuentes consultadas aseguran que el propio alcalde ha dicho en privado que Figueroa es "una persona muy allegada al gobernador", frase que, de acuerdo con los afectados, se usa como respaldo para justificar decisiones discrecionales y un trato desigual hacia quienes intentan trabajar en la zona industrial.
La inquietud escaló cuando el Ayuntamiento clausuró una empresa que suministra materiales para la construcción del Metro, proyecto emblemático del Gobierno del Estado. Aunque la compañía contaba con permisos en regla, inspectores municipales ordenaron su cierre y pusieron en riesgo el avance de la obra. El caso fue tan delicado que tuvo que intervenir el Secretario General de Gobierno para permitir la reapertura. Empresarios consideran que este episodio demuestra que las acciones del municipio no solo afectan a negocios locales, sino que ya amenazan infraestructura estratégica para Nuevo León.
Diversas compañías sostienen que los permisos se retrasan, condicionan o frenan cuando no acceden a trabajar con el sindicato vinculado al hijo del alcalde o con proveedores señalados desde la misma administración. Reportan inspecciones repetidas, clausuras inesperadas y revisiones que se multiplican inmediatamente después de negarse a esas condiciones. A esto se suma la figura de Juan Carlos Figueroa, quien, según documentos y testimonios internos, posee un poder legal del Cabildo que le permite intervenir en trámites y decisiones sensibles sin ocupar un cargo público formal. Su presencia, describen, es decisiva en el avance o la detención de cualquier proyecto.
La realidad que describen los empresarios contrasta con el discurso estatal de transparencia y combate a la corrupción que promueve Movimiento Ciudadano. Señalan que en Pesquería impera el miedo a represalias administrativas y un uso político del aparato regulatorio, que inhibe la inversión y afecta directamente a quienes generan empleo. Por ello, solicitan al gobernador Samuel García revisar de manera inmediata lo que ocurre dentro del municipio y garantizar condiciones de libertad económica.
Durante esta investigación, una frase repetida por los denunciantes resume el ambiente actual: cuando el presidente municipal asegura que su operador es cercano al gobernador, entonces quién protege a los ciudadanos de sus decisiones. Según los afectados, la única respuesta posible debe venir del mismo Gobierno del Estado.
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